Transición energética: ¿soberanía o extractivismo?

En noviembre se celebrará la COP29 -Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático- que tendrá lugar en Bakú, Azerbaiyán, en la cual participarán 197 países más la Unión Europea. Allí debatirán las estrategias a llevar a cabo para mitigar el Cambio Climático, en el cual la transición energética (TE) es uno de sus ejes principales.

La COP se desarrolla en el marco de una crisis climática-energética global, síntoma de la crisis orgánica y estructural del sistema económico tal cual lo conocemos, donde la energía tiene un rol central en la nueva conformación de la estructura económica mundial en curso, que tienen como antesala la crisis financiera de 2008, la pandemia por covid-19 y la guerra de Rusia-Ucrania (OTAN).

Esta crisis se enmarca en un proceso de cambio de fase (Aguilera,2023), que viene acompañado de un cambio en la estructura productiva y, en consecuencia, de un cambio en el modo de producción de energía, es decir, el mundo camina cada vez más sobre los cimientos de la digitalización de la economía, basando su infraestructura en el consumo de energías limpias.

La TE supone el pasaje de una matriz energética fósil, que hoy representa el 80% de la energía a nivel mundial, a una matriz basada en energías limpias -eólica, solar, hidroeléctrica, nuclear, entre otras-. Esta transformación tiene por detrás una disputa por el control y apropiación de recursos naturales por parte de los países del “primer mundo” o denominados del Norte Global, y Empresas Transnacional a través de conflictos territoriales, bélicos, económicos, entre otros.

En este contexto, la agenda climática, que tiene como antecedente el Protocolo de Kioto y las sucesivas COP, parece estar en “pausa” ya que la sustitución paulatina del gas ruso en Europa y la reactivación económica post-pandemia, han provocado un incremento del 0,9% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2022 (IEA, 2023). Asimismo, en 2023 la demanda de petróleo creció un 2,6% superando los 100 millones de barriles diarios por primera vez en la historia (Energy Institute, 2023) y se estima una proyección de incremento de la demanda total de petróleo en 3,2 millones de barriles diarios entre 2023 y 2030 (IEA, 2024). Ante tanta propaganda de transición, cabe la pregunta: ¿los combustibles fósiles dejarán de utilizarse?

Dos caras de la transición energética
En la industria extractiva, como la minería, hidrocarburos, etc., el trabajo consiste meramente en la superación de los obstáculos requeridos por la captura y apropiación de los productos en bruto o primarios, es decir, no se elabora ninguna materia prima para la producción.

En este sentido, la agenda global impulsa la TE corporativa de naturaleza extractiva para los países del sur global o en vías de desarrollo como Argentina, es decir, que este modelo de TE intenta reproducir y profundizar prácticas de desposesión, dependencias y hegemonías que operan de larga data en dichas latitudes.

De esta manera, análogamente se puede pensar en cómo se dió la división internacional del trabajo allá por los comienzos de la revolución industrial, y cómo hoy se está configurando una “división internacional” en la TE, donde, por un lado, los países y corporaciones del Norte Global desarrollan la “nueva” industria energética, y por el otro, los países del Sur Global tienen el rol de meros proveedores de recursos naturales -minería y energía-.

A saber, en 2015 el Norte se apropió del Sur en términos netos de 12.000 millones de toneladas equivalentes de materias primas incorporadas, 822 millones de hectáreas de tierra incorporada, 21 exajulios de energía incorporada y 188 millones de años-persona de trabajo incorporado, por un valor de 10,8 billones de dólares a precios del Norte, cantidad suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces (Hickel & otros, 2022).

En este sentido, la Agencia Internacional de Energía (2023) enuncia que el mayor crecimiento de inversión en energía limpia durante el periodo 2019-2023 se da principalmente entre China, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón e India.

El gigante asiatico -China- es el principal inversor en energías limpias en línea con su objetivo de ser “carbono neutral” antes del año 2060; por su parte, EE.UU aprobó en agosto de 2022 la Ley de Chips y la Ley de Reducción de la Inflación, que juntas incluyen más de USD 400 billones de dólares en créditos fiscales, subvenciones y préstamos diseñados para fomentar una industria nacional de semiconductores y una base de fabricación de tecnología limpia (Chu y Roeder, 2023).

Asimismo, la IEA (2023), menciona que, en un momento de creciente incertidumbre geopolítica y transiciones energéticas aceleradas, una dotación extraordinaria de recursos energéticos y minerales, así como una historia de liderazgo en energías limpias, posiciona a América Latina y el Caribe para desempeñar un papel cada vez más influyente en el sector energético global. Agrega que, Argentina es el único país que ha desarrollado petróleo en la explotación de hidrocarburos no convencionales a escala, posicionando a Vaca Muerta como un nuevo emergente energético global.

Ante semejante grado de situación, una mirada con perspectiva histórica, también hace pensar en el inevitable incremento de las presiones corporativas orientadas a profundizar las modalidades de extractivismo en la región y el país.

Energía en tiempos libertarios
La política energética nacional, delineada por la nueva administración de Javier Milei, indica estar tomando un rumbo para ocupar el lugar que le conceden las principales potencias y empresas globales de mero proveedor de materias primas en la TE corporativa.

El controversial RIGI -Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones- aprobado en la “ley de bases”, es la semilla de un nuevo ciclo extractivista en el país, ya que brinda seguridad jurídica y fiscal por un periodo de 30 años en detrimento del entramado productivo nacional, como así también, de la soberanía energética.

En este sentido, la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que la producción fabril cayó 19,5 por ciento interanual en junio, acumulando 13 meses seguidos de baja (Página 12, 2024). Así mismo, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- en junio de 2024, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 54,5%, nivel inferior al del mismo mes de 2023, que fue de 68,6% (INDEC, 2024).

En adición al RIGI y el desmantelamiento del sector industrial argentino, podemos mencionar algunos ejes de la política energética nacional que marcan este sendero: privatizaciones de empresas públicas como Energía Argentina S.A, Nucleoeléctrica Argentina S.A, hidroeléctricas del Comahue -Piedra del Aguila, Chocón, Cerros Colorados y Alicura-; quita de subsidios; liberalización de los precios de la energía; venta de campos maduros de YPF; desfinanciamiento del sector nuclear; entre otras.

A contracorriente de la presión sistémica y de los negocios libertarios de corto plazo, la TE presenta una oportunidad para el país como un sendero de desarrollo con mirada social y ambiental de carácter sostenible, que posibilite la acumulación de capacidades tecnológicas con crecientes grados de autonomía que permitan ir hacia una agenda energética soberana en la región y evitar así caer en la lógica de una transición energética corporativa. El desafío es grande, el horizonte es claro: extractivismo o industria en armonía con la naturaleza.