Represas del Comahue: sigue la incertidumbre y se profundiza la grieta con las provincias

Según los expertos consultados, la nueva normativa presenta demasiadas inconsistencias y desprolijidades. Se estima que hoy el costo de reposición de todas las represas y centrales del Comahue supera los U$S 20.000 millones.

El Gobierno Nacional, a través del decreto 718/2024, estableció la prórroga por un año de los contratos ya vencidos para sus actuales concesiones que finalizaron el 11 de agosto pasado de las centrales El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW) y el 29 de diciembre vence el de Piedra del Águila (1440 MW).

No obstante, la nueva normativa indica que "dentro de los 180 corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las empresas indicadas".

La norma establece que "las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso. En caso que el proceso de privatización quede desierto, las acciones volverán al Estado nacional. También se determinó que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización".

En opinión de los expertos existe un hilo conductor que une estas decisiones apuradas del actual gobierno y es la absoluta improvisación sobre este tema. Así lo entiende Rodolfo Dalmati, ex presidente de ORSEP, quien en diálogo con El Economista, aseguró que "en este caso lo que debería hacerse es una concesión de la operación y no una venta de los activos, ya que esto sería descapitalizar al Estado Nacional".

Hoy el costo de reposición de todas las represas y centrales del Comahue es más de U$S 20.000 millones. Y representan alrededor del 15% del total de la producción eléctrica del país.

"Todo es muy confuso. El decreto tiene dos medidas: por un lado, el Gobierno Nacional prorroga hasta por un año los actuales contratos de concesión; y por el otro, anuncia que en los próximos 180 días la Secretaría de Energía va a licitar las sociedades anónimas creadas para cada obra. No queda claro cómo se va a instrumentar. Tuvieron más de 30 años para prepararse para este momento y no lo hicieron", explica.

Para Dalmati parte de esta confusión tiene que ver con la falta de un marco regulatorio claro para un mercado eléctrico que hoy nadie sabe muy bien cómo funciona. "Antes de hablar de una privatización hay que establecer condiciones y reglas claras de qué se va a vender o comprar", señala.

Consultado sobre este tema, Gerardo Rabinovich, actual vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE), este decreto presenta grandes inconsistencias. "Los plazos que prevé para la licitación son muy cortos en un mercado eléctrico totalmente desarticulados donde no es posible imaginar ofertas razonables sin referencia de precios", advierte.

Y apunta que habrá elementos que tendrán que ser tenidos en cuenta en los pliegos de la licitación, como por ejemplo, si se requieren inversiones obligatorias para centrales que ya tienen entre 30 y 50 años de funcionamiento y un dato no menor, cuál va a ser la reacción de los gobiernos provinciales frente a una medidas que prácticamente las ignora.

Para Marcos Rebasa, representante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, "desde el momento que se vencieron los plazos de las concesión, la centrales debieron pasar directamente a manos del Estado Nacional, quien con la participación lógica de las provincias y un administración inteligente podría poner en valor cada una de las centrales hidroeléctricas, pero para eso se necesita tener una política energética que hoy no existe".

La mirada de Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación, apunta directamente contra la inoperancia del gobierno nacional.

"Se trata de un salto al vacío de magnitudes extraordinarias por parte de la actual administración que, por ignorancia o ideología después de ocho meses de haber asumido, continua recurriendo a prórrogas sin definir exactamente qué va hacer y cómo lo piensa hacer. Hay que tener en cuenta que estas centrales son propiedad del Estado Nacional y de todos los usuarios de energía eléctrica del país y fueron construidas por Hidronor en los años 60 con el financiamiento del BID y el Banco Mundial", sostiene.

Y aclara que "otorgar estas obras a los privados les daría derecho a una captación de una renta que hoy debería corresponder al Estado Nacional. Por otro lado, el gobierno debe entender que ni Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) ni ENARSA hoy están en condiciones de afrontar las cuantiosas inversiones que deben ser realizadas para extender la vida útil de estas centrales que ya está cumpliendo 50 años de vida. Y hoy no se ve ningún tipo o programa de financiamiento por parte de este gobierno".

Qué pasará con las provincias
Si bien en el decreto no hay ningún indicio sobre una mayor participación de las provincias en el control y administración de las represas, trascendió que las provincias del Neuquén y Río Negro fueron convocadas por la Secretearía de Energía para discutir los alcances del decreto presidencial 718 que prorroga las concesiones por un año y estipula un plazo de seis meses para que Nación lleve a cabo un concurso nacional e internacional para adjudicar nuevas concesiones hidroeléctricas.

“Llega tarde, porque la verdad que después de 30 años de concesiones que se sabía que se iban a vencer, después de una comisión que hizo el gobierno nacional anterior cuando también se tomaron todo el tiempo, termina saliendo este decreto post vencimiento. Esto no hace bien a la institucionalidad. Así que creo que la demora no es lo adecuado, no es lo pretendido ni lo que viene insistiendo la provincia del Neuquén y Río Negro”, dijo el Ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry. Sin embargo, el funcionario confirmó que la secretaría de Energía de la Nación “había anticipado a los gobernadores el alcance de esta norma y ya convocó a los gobernadores para tener una reunión y avanzar en las pautas que establece este decreto”.

Lo que queda por delante es dilucidar cómo se van a determinar los pagos adicionales ya sean por canon o por regalías como lo establece la propia ley que sancionó la Legislatura provincial; cómo van a ser las normas de manejo de agua trabajando en conjunto con la autoridad de cuencas con el organismo regulador de presas; y también cómo van a ser los aspectos de protección ambientales en el período de transición y sobre todo durante la nueva concesión.

En opinión de Dalmati, el nuevo esquema previsto por el Gobierno no prevé ninguna participación de las provincias que hoy reciben el 12% en concepto de regalías por las represas. "Por el momento, no vemos ninguna señal de que esto ocurra", finalizó.

FUENTE: artículo publicado por Daniel Barneda en El Economista