PAE y Golar instalarán en la provincia de Río Negro el buque de licuefacción para la exportación de GNL

Casi sin estructura de personal y en medio del peor momento político entre ambos países, la empresa seguiría subsistiendo con fondos provenientes de la filial de Bolivia, a través de la figura de préstamo de interfilial. Al borde de la quiebra nadie entiende a qué se dedica la filial venezolana en el país.

Inentendible. Irrisorio. Sin respuestas. Esta es la sensación que da cuando alguien hace referencia a PDVSA Argentina que, a pesar de no tener más operaciones ni negocios en el país, la empresa sigue alquilando un piso en la calle Reconquista 1166 en el barrio de Retiro. Allí trabajan no más de 3 empleados que dedican su tiempo en recibir demandas laborales, organizar audiencias de testigos y responder las notificaciones de la AFIP.

La gran pregunta es qué justifica que una empresa que está al borde de la quiebra con cientos de juicios laborales (algunos ya con sentencias en contra) cuentas bancarias y activos embargados siga recibiendo fondos cuando en el país no produce petróleo, y prácticamente no comercializa combustibles, y con una deuda judicializada que hace cinco meses superaba los US$ 28 millones.

Tras el despido masivo de más de 170 trabajadores por parte de PDVSA Argentina y sus empresas mixtas (Petrolera del Cono Sur y Fluvialba), las últimas sentencias de solicitud de quiebra se pagaron con fondos provenientes de la filial de Bolivia, a través de la figura de préstamo de interfilial, pero según pudo acceder este medio a la fecha sólo quedan menos de U$S 300.000, los cuales resultarían insuficientes para atender toda la catarata de reclamos legales.

Para colmo esta situación se da en medio del peor momento de las relaciones bilaterales y políticas entre Argentina y Venezuela. El propio gobierno de Javier Milei formalizó el pedido de captura del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro a Interpol. La justicia invocó el principio de "jurisdicción universal" en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad.

La cancillería venezolana apuntó que el fallo"carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios".

Desde hace años que la situación contable de la empresa muestra números que no cierran con balances que desde 2019 hasta la fecha no cuadran y un estado financiero calamitoso en el que gran parte de los responsables no hay tenido ningún tipo de consecuencias. De hecho, al tener las cuentas bancarias embargadas se supone que los tres empleados que hoy trabajan en la compañía cobrarían sus salarios en efectivo y no se descarta que hasta podrían cobrar en dólares.

Se agrega a esta situación que desde 2019, las 11 estaciones de servicios propiedad de PCSA en Argentina están paradas, algunas en el abandono total. Ninguna fuente pudo confirmar hasta el momento si siguen funcionando las estaciones de servicio ubicadas en San Isidro, Glew, San Francisco Solano y Paraná.

Sin liquidez, ni financiamiento, ni operaciones en el país, la situación cada vez es más crítica. La mayoría de los trabajadores despedidos no cobró indemnización.

Los activos de la compañía ascienden a un total de más de US$ 64 millones, mientras que los pasivos superan los US$ 50 millones.

En el año 2019 se habría hecho el primer pedido para la disolución y liquidación de activos de la compañía, pero se logró suspender, y en 2020 se sometió a un proceso de reevaluación. No obstante ello, la situación de la empresa siguió siendo cada vez más crítica.

En enero de 2023, el informe oficial, donde se recomendaba la venta de activos, fue recibido por Tareck El Aissami, por entonces Vicepresidente Sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular del Petróleo y Presidente de la Comisión Presidencial "Aí Rodríguez Araque", actualmente detenido y acusado por el gobierno venezolano de integrar una supuesta trama de corrupción de venta de crudo a través de criptoactivos.

El documento al que accedió este medio destaca la importancia de iniciar un proceso de disolución y liquidación y que el mismo sea ejecutado y controlado por la misma PDVSA, "ya que en caso contrario, si un juzgado decreta la quiebra por falta de pago de una sentencia, esto causaría la intervención inmediata de las empresas y posteriormente los activos serán rematados a precios muy inferiores con un detrimento que podría llegar al 50% de su valor original".

Creada en año 2006, PDVSA Argentina apuntó al desarrollo de negocios en la región del Cono Sur bajo una visión geopolítica aliada con el entonces ex presidente Néstor Kirchner. En ese mismo año adquirió a Petrolera del Cono Sur (PCSA), empresa dedicada a la comercialización de combustibles a través de sus estaciones de servicio.

En 2010 adquirió como empresa mixta Fluvialba International Limited para efectuar actividades relacionadas con la navegación marítima y fluvial, especialmente en la Hidrovía Paraná-Paraguay, a través de una serie de empresas distribuidas en Argentina, Brasil y Paraguay.

En 2017 debido al bloqueo económico contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, la filial y sus empresas mixtas (Fluvialba y Petrolero del Cono Sur) se vieron drásticamente afectadas desde el punto de vista financiero, legal, comercial y operativo. Esto derivó en cese de operaciones y además la imposibilidad de generar y recibir fondos insuficientes para el pago de obligaciones, deberes impositivos, y laborales.

Desde hace siete años, las embarcaciones fluviales del grupo FIL se encuentran en su mayoría en estado de obsolescencia operacional. En Paraguay también existen centenares de personas y empresas aguardando cobrar importantes deudas que PDVSA y FLUVIALBA conjuntamente con sus filiales a nivel regional, algunas judicializadas y varias otras con acuerdos incumplidos.

En agosto de 2022 se acordaron algunos puntos clave, como por ejemplo la solicitud de recursos por un monto de más de U$S 5 millones para el pago de deudas de más de 161 trabajadores despedidos de PDVSA Argentina y sus empresas mixtas; la venta de 11 estaciones de servicio propiedad de PCSA para cancelar deudas, contingencias judiciales y pasivos fiscales y laborales, y para la recuperación de la planta de Almacenamiento de Dock Sud, y se autorizó la venta de 29 barcazas fuera de servicio por obsolescencia tecnológica.

Sin embargo, a raíz de las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense la petrolera no pudo disponer del flujo de estos recursos financieros y la situación se tornó inviable.

FUENTE: artículo publicado por Daniel Barneda en El Economista