¿Se aleja el fantasma del apagón?

El gobierno de Javier Milei persigue un objetivo claro para este verano: garantizar el suministro eléctrico para los próximos dos años con la finalidad de evitar cortes de luz en hogares y en industrias.

Finalmente el informe de CAMMESA advirtiendo sobre la crisis de suministro eléctrico para el verano próximo fue premonitorio. A la falta de inversiones en generación y transporte hoy se suman varios aspectos que anticipan un escenario complejo que podría ocasionar un colapso en el sistema.

Entre los principales figuran la reducción de la disponibilidad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá por menor hidraulicidad; la salida de la Central Nuclear Atucha I de 362 MW por un período aproximado de 30 meses; menores importaciones desde Brasil, en los momentos de pico de consumo, como consecuencia de la situación hidrológica de dicho país; y la ausencia de inversiones en generación dada la falta de señales de mercado con excepción de aquellas vinculadas a las energías renovables.

Ante esta situación, la Secretaría de Energía activó, a través de la Resolución 294/2024 publicada en el Boletín Oficial un “Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos del período 2024/2026” con la finalidad de evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento de energía para los días críticos del período 2024/2026 con acciones en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

El Gobierno Nacional persigue un objetivo claro: garantizar el suministro eléctrico para los próximos dos años con la finalidad de evitar cortes de luz tanto en hogares como en industrias.

Frente a un pico de demanda que podría superar los 30.000 MW para este verano, la normativa propone una serie de incentivos a las empresas generadoras de energía para aumentar la oferta y ofrece un sistema de limitación de demanda a los grandes usuarios, en ambos casos a cambio de incentivos económicos.

El texto de la resolución explica que se buscará por un lado bajar la demanda de los grandes consumidores y alentar formas alternativas de generación con máquinas actualmente fuera de línea y que necesitan un reacondicionamiento.

Entre los considerandos, la resolución advierte que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social más grave que la que recibió la actual administración por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

También indica que las limitaciones en la red de transporte de 500 kV, especialmente en regiones clave como NOA, NEA, CUYO y GBA, subrayan la necesidad urgente de actualizar y expandir la infraestructura de transmisión para enfrentar problemas significativos de carga y elevados niveles de tensión en sus redes.

Con relación a la oferta, el plan impulsado por Nación propone incorporar un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional en base a potencia disponible (remuneración fija) y generación (remuneración variable) que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmica en meses y horas críticas, con vigencia desde diciembre de 2024 a marzo de 2026, la que podrá ser prorrogada por la Subsecretaría de Energía Eléctrica por doce meses adicionales sujeto a la presentación de un programa en el que se detallen las tareas de mantenimiento a realizar en cada unidad generadora, el que podrá ser presentado hasta treinta días antes del vencimiento del periodo de verano en el mes de marzo del año 2026.

Por su parte, CAMMESA deberá implementar un procedimiento de despacho de carácter excepcional que permita realizar un uso estratégico de las unidades de generación de energía eléctrica tendiente a reducir los riesgos de restricciones de abastecimiento en los períodos de mayor consumo.

En tanto, para el sector de Distribución, Energía estableció que la Subsecretaría de Energía solicitará al ENRE que instruya a las empresas distribuidoras de jurisdicción federal para que, dentro de un plazo máximo de 15 días desde la publicación de la presente medida, presenten un Programa de Atención de Contingencias ante situaciones de indisponibilidades en sus áreas de concesión.

Además, el artículo 6 de la Resolución crea "el Comité de Seguimiento de Implementación del Plan de Contingencia, que realizará un monitoreo continuo y con evaluaciones periódicas. ”

FUENTE: artículo publicado por Daniel Barneda en El Economista