Alerta en la Patagonia

El Gobierno enfrenta una encrucijada en la Zona Fría

Un informe técnico plantea opciones frente al déficit: desde segmentar por ingreso hasta disolver el fondo. El recorte ya se concretó en el subsidio al gas envasado.

El sistema de subsidios al gas que beneficia a más de 4 millones de hogares en el país, principalmente en zonas de bajas temperaturas, atraviesa un momento crítico.

Así lo advierte el especialista Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú e investigador del Instituto de Políticas Públicas de la UBA (IGPUBA), quien en su último análisis advirtió que los Fondos Fiduciarios que sostienen estos beneficios están en riesgo de colapso si no se adoptan medidas urgentes.

Según Carbajales, el Fondo Fiduciario para Subsidios Residenciales de Gas Natural, creado en 2002, enfrenta un desbalance financiero creciente desde 2024. Aunque el Ministerio de Economía incrementó en varias oportunidades el recargo que pagan las productoras (del 5,44% al 6,80% en 2025), los ingresos siguen siendo insuficientes.

“De continuar esta tendencia, el Tesoro deberá aportar más de 100 millones de dólares este año, lo que choca con la política oficial de reducción de subsidios”, advierte.

Peor es la situación del fondo destinado al Gas Licuado de Petróleo (GLP), que fue directamente disuelto por el decreto 415/2025. Desde entonces, el programa "Hogar con Garrafas" depende de asignaciones discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional, lo que compromete la regularidad de los pagos a los beneficiarios más vulnerables.

Carbajales plantea que el Gobierno se encuentra ante un triple dilema: revertir la ampliación del Régimen de Zona Fría, limitando los subsidios nuevamente solo a la Patagonia y la Puna; disolver también el Fondo del gas natural, replicando lo hecho con el GLP; y aplicar una segmentación socioeconómica del subsidio, según el nivel de ingreso de cada hogar.

Esta última opción, que ya se aplica desde 2022 para tarifas de energía, parece ser la más equitativa y viable. Actualmente, el subsidio de la Zona Fría se aplica de manera uniforme (50% o 30%) sin distinguir entre hogares pobres y ricos.

Esto genera distorsiones: un hogar de altos ingresos puede ahorrar hasta $213.000 anuales gracias al subsidio, mientras que las familias vulnerables apenas logran cubrir lo básico.

Carbajales propone aplicar el mismo esquema de segmentación por niveles de ingreso (N1, N2 y N3) que se usa en la política energética nacional.

Así, los hogares de menores ingresos seguirían recibiendo un 50% de subsidio, mientras que los de mayores ingresos obtendrían un porcentaje menor (por ejemplo, del 10%), ajustando el beneficio al poder adquisitivo real.

La continuidad del subsidio es clave para millones de hogares que enfrentan temperaturas extremas durante gran parte del año, especialmente en la Patagonia. Por eso, el informe de Carbajales concluye con un llamado a encontrar una solución superadora, que garantice la equidad y evite la desaparición de un beneficio vigente desde hace más de dos décadas.

Hasta el momento, la única medida concreta adoptada por la Secretaría de Energía fue limitar el acceso al subsidio completo a un solo medidor por usuario, afectando apenas a 137.842 beneficiarios, una fracción ínfima frente al universo total de más de 4 millones.