Emergencia energética y mercado de GNL

GNL: dudas y riesgos en el nuevo modelo de comercialización privada

El director de Paspartú del IGPUBA, Juan José Carbajales, cuestiona el nuevo esquema que concentra en un privado la importación y comercialización de gas natural licuado. Señala dudas sobre precios, abastecimiento y legalidad del decreto.

El Gobierno avanzó con un cambio profundo en el esquema de importación de gas natural licuado (GNL). A través del Decreto 49/2026 prorrogó la emergencia del sector gasífero hasta fines de 2027 y habilitó un régimen transitorio que concentra la operatoria en un único “comercializador-agregador” privado para los próximos dos inviernos.

La Secretaría de Energía convocó, mediante la Resolución 33/2026, a una licitación internacional para seleccionar a ese actor, que deberá contratar la capacidad de regasificación disponible y abastecer la demanda prioritaria. El precio interno estará atado al marcador europeo TTF más un adicional en dólares por millón de BTU, que deberá cubrir costos logísticos, operativos y un margen razonable.

Para Juan José Carbajales, director de Paspartú del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas IGPUBA, el giro regulatorio implica “una apuesta riesgosa” que responde más a una lógica ideológica que a razones estrictamente operativas.

Cuestionamientos de fondo
Carbajales sostiene que la salida de ENARSA como importador exclusivo no se justifica en términos de desempeño. Recuerda que la empresa estatal actuó como brazo ejecutor de la política pública de GNL desde 2008, garantizando el abastecimiento invernal sin crisis extendidas, bajo administraciones de distinto signo político.

Además, subraya que las millonarias erogaciones del Tesoro no obedecieron a ineficiencias en la compra de cargamentos, sino a decisiones tarifarias orientadas a desacoplar el precio interno de los valores internacionales. “El origen de las transferencias está en la política de tarifas, no en la gestión de importación”, remarca.

El especialista también cuestiona la utilización del decreto de necesidad y urgencia. A su juicio, no se acreditan ni la “necesidad” ni la “urgencia”, y advierte que la fijación de un precio máximo por parte del Poder Ejecutivo podría implicar un avance sobre facultades del Congreso.

Incertidumbres operativas
Más allá de los planteos jurídicos, Carbajales enumera una serie de interrogantes prácticos. Uno de ellos es el riesgo de que la licitación quede desierta y deba retomarse el esquema previo con ENARSA. Otro escenario posible es una “cohabitación” forzada: que el privado no utilice plenamente la capacidad disponible y el Estado deba intervenir para importar volúmenes adicionales.

También advierte sobre la eventual tensión entre el interés público y el privado. Un comercializador podría priorizar clientes más rentables o reducir cargamentos ante subas internacionales para limitar su exposición, lo que abriría riesgos de abastecimiento en picos de demanda.

En materia tarifaria, el nuevo esquema prevé trasladar el costo del GNL a las distribuidoras como pass-through. Sin embargo, el gas importado no integrará la base de cálculo de los Subsidios Energéticos Focalizados, lo que podría traducirse en mayores costos para los usuarios durante el invierno.

Un cambio estructural bajo debate
El Gobierno apuesta a que un trader internacional logre mejores condiciones de compra negociando toda la campaña invernal de forma centralizada y que, al mismo tiempo, reduzca los niveles de incobrabilidad en el mercado interno.

Carbajales, en cambio, advierte que el rediseño del sistema podría terminar generando mayor complejidad,

riesgos contractuales y eventuales sobrecostos si no se alinean adecuadamente los incentivos. “El desafío no es solo quién importa el GNL, sino cómo se garantiza el abastecimiento al menor costo posible y con reglas claras”, concluye.

En un contexto de emergencia prorrogada y reformas estructurales, la discusión sobre el rol del Estado y del sector privado en el mercado gasífero vuelve a ocupar el centro del debate energético.