Argentina: desindustrialización y pobreza

El desafío hacia el futuro es claro: la Argentina necesita un plan de desarrollo. Ese plan hoy no existe, pero debería estar en el centro del debate hacia el próximo ciclo político.

Los datos recientes sobre pobreza y empleo en la Argentina son profundamente preocupantes. Según el INDEC, la pobreza se ubica en torno al 28%, el mismo nivel porcentual que en 2017. Esto revela un estancamiento social de casi una década: no hubo progreso en términos de reducción de la pobreza, pero sí un aumento absoluto de la cantidad de personas afectadas.

Entre 2017 y la actualidad, la población del país creció en aproximadamente dos millones de habitantes, lo que implica que, aun con el mismo porcentaje, hoy hay cerca de 560.000 nuevos pobres. En términos comparados, la tasa de pobreza argentina supera la de varios países de la región como Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

En paralelo, el mercado laboral muestra señales igualmente negativas. Un informe de Indicadores Laborales de la Industria elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), que abarca el período agosto de 2023 a enero de 2026 —prácticamente la primera mitad del gobierno de Javier Milei—, registra una caída significativa del empleo industrial y del empleo asalariado formal.

El empleo industrial se redujo un 6,1%, lo que representa la pérdida de 72.731 puestos de trabajo. En el mismo período, el empleo asalariado total cayó en 241.368 trabajadores. También se observa una disminución en la cantidad de empleadores industriales, lo que confirma un proceso de contracción del entramado productivo.

La propia UIA detalla que la caída del empleo industrial no es homogénea, sino que se concentra en sectores clave: la industria textil, cuero y calzado registra una baja del 18,4%; la metalmecánica cae alrededor de 8%; automotriz y neumáticos 7,8%; madera y papel 8,3%; y otras manufacturas cerca de 11%. Se trata de sectores intensivos en empleo, lo que agrava el impacto social del deterioro.

Estos datos, provenientes de una fuente empresaria de referencia, permiten afirmar que la industria argentina ha ingresado en una zona de fuerte fragilidad estructural. Se trata de un fenómeno que no puede ser ignorado y que debería formar parte central del debate de política económica, aunque en la práctica no ocupa un lugar prioritario en la agenda pública.

En términos agregados, el empleo privado registrado en el país asciende a 6.195.925 trabajadores. Sin embargo, la evolución reciente muestra una tendencia negativa persistente, con pérdida de puestos de trabajo en casi todo el territorio nacional.

En el plano geográfico, seis jurisdicciones concentran el 76,4% del empleo privado: provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En conjunto, estas jurisdicciones también registraron una caída del empleo cercana al 3% en el período analizado.

En el resto de las provincias, el deterioro es aún más pronunciado, con retrocesos que van desde el 1,3% en Tucumán hasta el 17,6% en Formosa. Solo dos provincias muestran crecimiento del empleo: Neuquén, con un aumento del 6,1%, y Río Negro, con un 1,9%. Sin embargo, su peso relativo es limitado, ya que en conjunto representan apenas el 4,3% del empleo registrado privado nacional.

Incluso en las provincias con perfil energético, particularmente hidrocarburífero, el balance es negativo. Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta muestran una caída promedio del empleo del orden del 9,6%, lo que pone en evidencia que ni siquiera la actividad extractiva logra traccionar de manera sostenida el mercado laboral.

El problema del empleo en la Argentina, fuertemente asociado al desempeño industrial, es de carácter estructural y tiene consecuencias directas sobre la cohesión social, la distribución del ingreso y el funcionamiento general de la economía.

En este contexto aparece una paradoja institucional: mientras existe un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) orientado a sectores como el petróleo y el gas, no existe un esquema equivalente para la industria manufacturera nacional. Esta ausencia no parece formar parte del debate político ni de las prioridades del Gobierno.

El tema, sin embargo, no puede seguir siendo postergado. Requiere un replanteo de fondo de la estrategia de desarrollo del país, que necesariamente debe ser impulsado por el sistema político y, en particular, por los partidos políticos, que son los canales institucionales de representación.

El desafío hacia el futuro es claro: la Argentina necesita un plan de desarrollo. Ese plan hoy no existe, pero debería estar en el centro del debate hacia el próximo ciclo político.

Ese proyecto debería estructurarse sobre la base de una reindustrialización del país, apoyada en los recursos naturales que la Argentina posee en abundancia: el agro, la energía y la minería. Sin embargo, esos recursos por sí solos no generan desarrollo si no se transforman en valor agregado, empleo e industria.

El verdadero desafío no es la disponibilidad de recursos, sino la capacidad de convertirlos en una estrategia productiva sostenida en el tiempo.